Con la promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo en México en 1931 donde se definieron los alcances del derecho laboral, por primera vez se beneficiaron de forma colectiva todos los trabajadores –mujeres y hombres- sin importar si pertenecían a un gremio o no, si eran trabajadores técnicos o profesionales, si eran obreros o desempeñaban un oficio en el campo o en la ciudad.
Todos los trabajadores de manera general –aunque no creo que de forma absoluta- les favoreció la Ley recién creada reforzando algunos derechos ya adquiridos plasmados en la Constitución de 1917, como la libertad de trabajo, el derecho a huelga y organización, entre otros. Se estableció con esta primera Ley todo el andamiaje jurídico para la regulación y entendimiento de las relaciones entre trabajadores y patrones, con varias reformas posteriores que llevaron –incluso- a la promulgación, en 1970, de una nueva legislación en la materia.
A partir de esas fechas nada nuevo ni relevante se ha establecido en leyes o normatividades que beneficie en su totalidad a la clase trabajadora, principalmente a los trabajadores informales que, aunque la ley no los considere, existen.
Más de 31.6 millones de personas en México que representa el 55.8 % de la población ocupada sobrevive de un trabajo informal según datos de INEGI, es decir millones de comerciantes, profesionistas, técnicos, obreros, campesinos, etcétera, carecen de las garantías de la seguridad social básica que los coloca en un estado de vulnerabilidad al no tener acceso a los derechos laborales elementales como aguinaldo, vacaciones, bonos, pensión para el retiro, además se impide el acceso a derechos primordiales como la salud y la vivienda al no estar registrados en un sistema formal como es IMSS o ISSSTE.
Parece ser que desde hace tiempo está en marcha una política para invisibilizar a los trabajadores no formales o crear fuentes de empleo sin el otorgamiento estricto de derechos.
Esto se observa en el crecimiento de los diversos tipos de contratos por honorarios que se está registrando sea en el ámbito público o privado. Además, todas las propuestas legislativas o salariales recientes están dirigidas solo a beneficiar a los trabajadores formales y/o engrosar las burocracias arbitrales de la seudo impartición de justicia laboral; como la creación de juzgados laborales, el seguro de desempleo, el aumento al salario mínimo, la ampliación de los días vacacionales e incluso la propuesta de disminuir la semana laboral a 5 días, todo esto solo beneficia a los trabajadores formales.
Ni si quiera el actual gobierno federal que se autodefine de izquierda ha tenido la voluntad para solucionar de fondo los grandes rezagos que tiene el país en materia laboral, prometieron eliminar el ‘outsourcing’ (subcontratación de empleados) que, aunque en teoría está prohibido en los hechos se sigue aplicando en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Con qué cara la autoridad o las instituciones del Estado pueden exigir a las empresas privadas garanticen los derechos de sus empleados si en cualquiera de sus tres niveles de gobierno -sin importar su procedencia política- se legitima la discriminación de trabajadores y se establecen relaciones laborales al margen de la Ley, que se denominan programas o acciones con los cuales se “contratan” a personas para que desempeñen ciertas tareas sin tener ningún derecho laboral, esto sin mencionar que muchas veces estos espacios se reparte de forma discrecional con un claro uso político.
A pesar de lo que estipula el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, persisten muchas modalidades irregulares de relaciones laborales que en la mayoría de los casos es aceptada por la necesidad e ignorancia del trabajador admitiendo de facto la violación de sus derechos, en ese sentido lo mismo violenta la empresa privada que el sector público, lamentablemente.
Ante el adelgazamiento de garantías laborales sin que la propia legislación o autoridades lo regulen o sancionen, es evidente que estamos ante la consolidación paulatina de una forma ‘sui géneris’ de explotación laboral.
Si el trabajo no es un favor ni una ayuda del gobierno o de la empresa y sí un derecho humano, quizás serán las nuevas generaciones de trabajadores –formales e informales- quienes impulsen un nuevo movimiento social que promueva la creación de un nuevo marco jurídico que verdaderamente garantice los derechos laborales, bajo la premisa de igualdad de derechos para todos, absolutamente todos los trabajadores.
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